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Organizaciones de consumidores denuncian ante Bruselas la publicidad engañosa de criptomonedas en redes sociales
Organizaciones de consumidores denuncian ante Bruselas la publicidad engañosa de criptomonedas en redes sociales

Entrada del evento de Mundo Crypto en el Wizink Center de Madrid el pasado verano, donde se dieron cita casi 7.000 personas.Kiko Huesca

Nueve miembros de la organización de consumidores BEUC, que agrupa a las principales entidades europeas, han presentado una denuncia ante la Comisión Europea y las autoridades de consumo contra algunas de las principales redes sociales —Instagram, YouTube, TikTok y Twitter—, por facilitar la promoción engañosa de criptomonedas. Las asociaciones, entre las que se encuentran las españolas OCU y Asufin, alegan que las compañías dueñas de estas redes “son responsables de permitir que se multipliquen en sus plataformas anuncios engañosos de criptoactivos, tanto a través de publicidad como de influencers”. Esto es, creen que deben asumir responsabilidades por no poner barreras a una práctica comercial que consideran desleal, al exponer a los consumidores “a la pérdida de importantes cantidades de dinero”.

Además de la OCU y Asufin, respaldan la petición entidades de Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Portugal y Eslovaquia. Los demandantes reclaman a las dueñas de las redes sociales unas políticas publicitarias más estrictas sobre la publicidad de criptomonedas, adoptar medidas para evitar que los influencers engañen a los consumidores y la obligación de informar a la Comisión Europea sobre si sus medidas de protección a los consumidores son eficaces contra estas prácticas. “Debido a su alta volatilidad y naturaleza especulativa, el criptoactivo sigue siendo un producto de inversión de alto riesgo no apto para muchos consumidores. A diferencia de las inversiones tradicionales, las criptomonedas no están respaldadas por activos tangibles, y se basan principalmente en la especulación”, señala el texto publicado este jueves por las organizaciones. “También está probado y documentado que las criptomonedas pueden exponer a los consumidores a estafas y prácticas comerciales desleales que provocan grandes pérdidas financieras”, añaden.

Junto a la reclamación han presentado un documento con numerosas pruebas. Entre ellas, capturas de pantalla de Instagram donde aparecen frases como “el número de millonarios bitcoin se ha doblado” y “las cuatro criptomonedas que multiplicarán por 100 en 2025″. De Twitter, donde puede verse a Cristiano Ronaldo anunciando que se asocia con la plataforma de criptomonedas Binance. Y de TikTok: “cómo las criptomonedas te harán millonario”. ¿Hasta qué punto calan estos mensajes de riqueza rápida y fácil? Desde el BEUC recuerdan que en el eurobarómetro de octubre de 2022, un 5% de los europeos afirmaba tomar decisiones financieras basándose en información recibida a través de redes sociales e influencers.

En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya tomó medidas en enero pasado para contextualizar la publicidad de las criptomonedas, obligando a las empresas que animan a invertir en estos productos no regulados a través de campañas masivas —dirigidas a más de 100.000 personas— a solicitar autorización al menos 10 días antes de su ejecución para garantizar que la información sea “clara, equilibrada, imparcial y no engañosa”. También a incluir en todas las comunicaciones comerciales en un lugar visible el mensaje: “La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido”. Además, la CNMV advirtió públicamente al futbolista español Andrés Iniesta por hacer publicidad de Binance en Twitter a sus más de 25 millones de seguidores.

La acción de las organizaciones de consumidores llega en un momento delicado para el sector. Estados Unidos ha lanzado esta semana una ofensiva contra las plataformas de criptomonedas más poderosas que operan en el país, Coinbase y Binance, a las que acusa de incumplir las leyes del mercado de valores y por tanto, de enriquecerse ilícitamente. Los reguladores han extremado los controles tras el fiasco de FTX, la plataforma con sede en Bahamas que colapsó dejando a miles y miles de clientes sin sus ahorros.

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